El Aborto en Chile, un aporte a la discusión.

Existe un sesgo de ignorancia respecto al tema del aborto en Chile, se tiene la creencia que en nuestro país siempre ha estado penalizado, pero en el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 226, promulgado el día 15 de mayo de 1931 y publicado el día 29 de mayo del mismo año, se plasmó en el Art. 226. “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer, quiere la opinión documentada de tres facultativos. Cuando no fuere posible proceder en la forma antedicha, por la urgencia del caso por falta de facultativos en la localidad, se documentara lo ejecutado por el médico y dos testigos, quedando en poder de aquél el testimonio correspondiente.

Luego, en el Gobierno de Frei Montalva, mediante el Decreto con Fuerza de Ley 725, promulgado el día 11 de diciembre del año 1968, publicado el día 31 de enero de 1968, se deroga el Código Sanitario de 1931 y entra en vigencia el nuevo Código Sanitario en el que se estableció en forma textual en el Art. 119: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos-cirujanos.”

Como podemos observar las exigencias necesarias para interrumpir un embarazo fueron disminuidas respecto al documento con data de 1931 y dice relación a dejar en manos de profesionales médicos la facultad de tomar esta medida ante una situación que lo amerite.

Pero la historia cambia a partir del Golpe de Estado, ya que se conforma una comisión encargada de formular una nueva Constitución Política, en dicha comisión el ex Senador Jaime Guzmán intentó prohibir constitucionalmente cualquier tipo de aborto argumentando: “(La mujer) está obligada siempre a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte de la cruz que Dios pueda colocar al ser humano. La madre debe tener al hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte. Una persona no puede practicar jamás legítimamente un aborto”, como consta en las actas oficiales de la Comisión Constituyente del 14 de noviembre de 1974. Para Guzmán, “La vida comienza con la concepción y no con el nacimiento”, por lo que cualquier forma de aborto se trata de un homicidio.

No obstante a la discusión del momento, mediante la Ley 18.826 promulgada el día 24 de agosto de 1989 y publicada el día 15 de septiembre del mismo año, a pocos meses de las elecciones presidenciales en la cual salió electo Patricio Aylwin, el Gobierno Militar reemplaza el Art. 119 del Código Sanitario dejando plasmado: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto.” Poniendo con esto fin a la legalidad del aborto en Chile.

Es dable mencionar, que esta decisión se tomó con los argumento que el Art. 119 del Código Sanitario no era compatible con el derecho constitucional a la vida establecido en el Art. 19, inciso 2do. de la Constitución Política de la República en el dice “La ley protege la vida del que está por nacer” y además que se contrapone con los Art. 342 a 345 del Código Penal, los cuales se refieren a la penalización de “quienes causaren maliciosamente aborto”.

Y así llegamos a nuestros días, en donde se discute una ley que legalice el aborte bajo ciertas circunstancias, peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal y violación, requisitos que no eran necesarios en el pasado. Ley que aún no llega a buen puerto, porque según algunos “genios” postulan que ante un embarazo bajo la hipótesis de la violación, es muy poco el plazo 12 semanas para interrumpirlo en caso de mujeres adultas y 14 semanas en caso de menores de 14 años de edad, ya que el sistema judicial no alcanza a pronunciarse respecto al hecho y esto lo primero que me llama la poderosamente la atención porque claramente estos “genios” no saben que en Chile, para que un Tribunal Oral en lo Penal, se pronuncie respecto a una denuncia por el delito de violación pasan años.

Pero más allá de exponer datos históricos, lo que pretendo es hacer una reflexión sobre la temática y espero que tenga eco nuestros lectores. Creo que no es correcto crear políticas sanitarias sobre posturas morales absolutas como pretenden los movimientos ultraconservadores y menos en nuestros días cuando tenemos una visión globalizada y somos una sociedad que acepta y reconoce la pluralidad de doctrinas, métodos y creencias.

Ya es hora de bajar las banderas de luchas sesgadas por ideologías religiosas de antigua data, no creo éticamente correcto impedir una ley que vaya en beneficio de las mujeres quienes históricamente han sido postergadas social, cultural y económicamente, porque en definitiva no puede ser que la mujer este obligada siempre a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte de la cruz que Dios pueda colocar al ser humano, como lo planteó ex Senador Guzmán y menos si este embarazo es fruto de uno de los delitos más atroces a la especie humana, el delito de violación.

No creo, que al promulgarse esta ley aumenten los abortos en Chile, porque es iluso pensar que nadie aborta en este país, lo que se intenta es que aquellas mujeres que necesiten hacerlo, lo hagan en condiciones dignas y seguras para su vida, y no con la señora de la población que “le hizo remedio”.

En definitiva debemos tener muy claro que el hecho que se prohíba el aborto, no impide a que se practique, porque no es menos cierto que esta ley es un tema de igualdad social, porque una mujer que necesita hacerse un aborto y cuenta con los recursos para hacerlo, recurre a una clínica y lo hace en las mejores condiciones que su dinero puede comprar. Pero, la mujer que no lo tiene, que nació en otras condiciones socio-económicas debe recurrir a otros “métodos” para lograr el mismo resultado, poniendo en riesgo su vida, por lo cual esta ley no es otra cosa que pagar una deuda social con las mujeres chilenas.


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